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Diversidad biológica. Mensaje de bienvenida del Secretario General de la ONU para el Año Internacional de la Diversidad Biológica 2010 from CBD on Vimeo.
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El prestigioso periódico estadounidense The Washington Post publicaba el Jueves en la portada de su edición digital y en la página 11 de la versión impresa un reportaje sobre «las leyes urbanísticas en la costa mediterránea» que «permiten un boom urbanístico pero atraen la corrupción».
Bajo el título, «En España, una marea de desarrollo» el prestigioso periódico norteamericano se hace eco del desenfrenado crecimiento urbanístico experimentado en la costa española, incluidas las ampliaciones de puertos deportivos en «zonas ambientalmente sensibles» y la proliferación de «miles de nuevas casas y habitaciones de hotel y cientos de campos de golf en zonas sin agua, y que además, están sufriendo la peor sequía de los últimos años».
“los traficantes de droga en el sur de españa tienen inversiones en el sector inmobiliario puesto que es un sector cómodo para blanquear dinero sin que se pregunte nada”.
El periodista recuerda la Operación Malaya, que ha supuesto «el arresto de la alcaldesa de Marbella y diez personas más» además del embargo de «más de 3.000 millones de dólares en depósitos y la congelación de 1.000 cuentas bancarias». Pero arranca el reportaje con la historia de una pareja de belgas residentes en Benissa, Lieve de Cleippel y Hubert van Bel, afectados por un programa de actuación integrada (PAI) que les hará «perder más de la mitad de nuestra tierra, y por si eso fuera poco, encima vamos a tener que pagar 700.000 euros».
El periodista de The Washington Post asegura que la legislación urbanística valenciana es conocida como «la ley que roba la tierra» porque «entrega el control de la propiedad a los promotores ofreciéndoles formas legales para forzar a los propietarios a renunciar a la tierra y obligarles a comprarla de nuevo». Y recuerda las 15.000 quejas presentadas ante el comité de peticiones del Parlamento Europeo y cita declaraciones del eurodiputado Michael Cashman en las que habla de «entre 18.000 y 20.000 violaciones de derechos humanos individuales». The Washington Post intentó recabar la opinión del «Gobierno de Valencia» quien «pidió las preguntas sobre su legislación por escrito, pero desde entonces no han enviado ninguna respuesta».
El artículo también recoge declaraciones de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega para anunciar la nueva ley del suelo estatal que ha aprobado el Gobierno y las inversiones para recuperar zonas de costa. También se hace eco de las declaraciones del alcalde de Benissa, quien defiende el PAI que afecta a la pareja belga, «les permitirá construir casas en sus terrenos» y defiende la legislación valenciana porque «los ayuntamientos convierten terrenos agrícolas en terrenos urbanizables». El artículo también cita una actuación urbanística en Altea donde «se está rellenando con hormigón un acantilado entero».