Los cuatro juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao están “al borde del colapso”, advierte el juez decano de la capital vizcaína, Alfonso González-Guija.

Los recursos contra las expulsiones de inmigrantes, los pleitos contra Osakidetza, las sanciones de tráfico y las impugnaciones del urbanismo municipal representan más de la mitad de los 2.700 asuntos que entran anualmente en esos órganos judiciales.

Cada uno de ellos dicta 500 autos y sentencias al año, un volumen de trabajo que supera ampliamente lo que el Consejo General del Poder Judicial considera razonable. “Hace falta un quinto juez”, resume González Guija.

Los juzgados de lo Contencioso se ocupan de los litigios contra cualquier administración: la multa que impone un policía local, el recurso contra la entrada en un domicilio, la prohibición de una manifestación Durante 2005, los cuatro órganos de Bilbao dictaron 1.456 sentencias y 595 autos para toda Vizcaya. Esas 2.051 resoluciones -Guipúzcoa y Álava tienen cifras bastante parecidas- son un fiel retrato de las complejas relaciones entre la sociedad y los poderes públicos. El reto más reciente proviene de la inmigración, que el año pasado duplicó su presencia en los tribunales vizcaínos, coincidiendo con la última regularización extraordinaria de inmigrantes.

Los casos de Extranjería empezaron a llegar a los juzgados de lo Contencioso en enero de 2004, a raíz de una reforma legislativa que eximió de esa y otras tareas a las Salas de los Tribunales Superiores. A finales de aquel año, Vizcaya contabilizó 300 procedimientos relacionados con denegaciones de residencia y órdenes de expulsión, pero en 2005 se dispararon hasta 647. “La tendencia ascendente continúa este año”, asegura González Guija. Ahora mismo, la inmigración acapara casi la cuarta parte de los pleitos contenciosos de Bilbao, a pesar de que el flujo de extranjeros del País Vasco es de los más bajos de España.

Desde hace dos años, los jueces hacen guardias de una semana en la capital vizcaína sólo para encargarse de los inmigrantes que solicitan paralizar las repatriaciones de forma cautelar (57 peticiones a lo largo de 2005). Si la respuesta es positiva, luego les citan a una vista para decidir sobre su caso. Un ejemplo de cómo pueden evolucionar estos procesos lo proporcionó este año el Juzgado número 4, que decretó el regreso a Vizcaya de un brasileño que había sido expulsado por la Policía cuando la orden ya estaba suspendida. Tras el juicio, el juez revocó la expulsión.

La Extranjería no es la única materia que les han traspasado a los jueces de lo Contencioso. Ahora también resuelven los casos de responsabilidad patrimonial de la Administración -es decir, las denuncias por presunta negligencia de la Sanidad pública-, una materia que antes se ventilaba en la jurisdicción civil. Sólo este laborioso capítulo abarca el 15% de la carga de trabajo de los juzgados de Bilbao (374 litigios en 2005).

Del mismo modo, les han adjudicado los recursos contra las sanciones de Tráfico, que sumaron 200 procedimientos el año pasado en Vizcaya. Aunque es un número respetable, no revisten tanta complejidad como los 215 litigios de urbanismo registrados en el mismo periodo, bien promovidos por particulares contra decisiones municipales, bien dirigidos por unas administraciones contra otras. El problema que plantea el urbanismo es que, mientras un juez decide en poco tiempo sobre una infracción de Tráfico, puede tardar cuatro días en elaborar una sentencia sobre un plan de ordenación territorial afectado por una legislación muy dispersa. Una simple vista oral sobre la suspensión cautelar de una recalificación ha llegado a consumir cuatro mañanas enteras en Bilbao antes de que las partes entraran en el fondo del asunto.