CHARO NOGUEIRA

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El impago de pensiones (destinadas sobre todo a los hijos) tras la
ruptura de las parejas es un delito en alza. Las denuncias se han
duplicado con creces entre 1994 y 2004: de 4.336 a 9.136, según la
Fiscalía General del Estado. Pese a que dos leyes promovidas por el
Gobierno (la reforma del divorcio y la de violencia de género) le
obligan a crear un fondo estatal que garantice el pago de alimentos a
los hijos de padres morosos, el Ejecutivo apenas ha empezado a dar los
primeros pasos para ello. Aparte del fondo estatal, Cataluña y el País
Vasco prevén iniciativas similares, aún sin desarrollar.

Los delitos de impago de pensiones han aumentado un 110% entre 1994
y 2004, según los datos contenidos en las memorias de la Fiscalía
General del Estado. En ese lapso, las demandas de separación y divorcio
aumentaron un 70,6% (de 79.068 a 134.031), a tenor del Consejo General
del Poder Judicial. Las memorias no detallan cuántos casos se refieren
al impago de la pensión de alimentos para los hijos, o de la
compensatoria para el ex cónyuge (menos frecuente y destinada
prácticamente siempre a la mujer). “Las pensiones compensatorias para
el ex cónyuge disminuyen por la creciente incorporación laboral de la
mujer. Además, a menudo tienen una limitación temporal”, detalla el
presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia, Luis
Zarraluqui.

“El impago es un problema, aunque a veces se limite a un atraso en
el envío de la cuantía acordada. En ocasiones se utiliza para jorobar
al ex cónyuge, pero repercute en los hijos”, añade Zarraluqui. “El
incumplimiento de los pagos es una forma de control y violencia sobre
la mujer y los hijos”, opina la presidenta de la Federación de
Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del
Campo.

Asegura, además, que “en el 60% de los casos las mujeres no
denuncian la situación de impago a causa del tremendo desgaste personal
y el coste en abogados que supone, y la escasa eficacia de las
sentencias que puedan acabar dictándose en muchos casos”. Según sus
datos, “el impago entre los padres con nómina alcanza al 67%, por lo
que se les embarga”. “Entre los profesionales liberales, para los que
no cabe esa posibilidad, alcanza el 80%”, añade.

Zarraluqui y Pérez del Campo figuran entre los partidarios de la
creación de un fondo de garantía de pensiones para atajar el problema
de los impagos. El presidente de los abogados de familia propone que
“el Estado adelante una cuantía razonable que cubra sólo la necesidad
de sustento del menor y luego la reclame al progenitor moroso al
subrogarse en los derechos de la parte acreedora”. La pensión
alimentaria suele rondar los 300 euros mensuales.

El coste, presumiblemente elevado, del fondo de garantía -limitado a
las pensiones de los hijos menores- es el mayor obstáculo con que se
topa el Ejecutivo para sacar adelante esta herramienta prometida en el
programa electoral del PSOE en 2004. Una fuente gubernamental aseguró
ayer que “el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el de Justicia
han empezado a colaborar con vistas a la regulación del fondo”. Si esa
tarea llega a buen puerto, aún quedará obtener el visto bueno de
Economía.

Las modificaciones de grupos parlamentarios distintos del socialista
en la tramitación de dos leyes promovidas por el Ejecutivo (la de
reforma del divorcio y la integral contra la violencia de género, que
llevan más de un año en vigor) imponen la creación de este fondo. “El
Estado garantizará el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor
de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado
o en resolución judicial, a través de una legislación específica que
concretará el sistema de cobertura en dichos supuestos”, plantea la
disposición adicional de la reforma del divorcio. En la Ley Integral
contra la Violencia de Género figura la misma redacción con una
apostilla sobre los casos de maltrato.

La creación de un fondo que garantice las pensiones impagadas
(existe en países como Suecia, Bélgica o Irlanda) es una demanda de las
organizaciones de mujeres desde los años ochenta. En 1987, el Gobierno
socialista incluyó la puesta en marcha del fondo en su plan de acción
para la igualdad de oportunidades. Pero esta medida no vio la luz. Lo
mismo ocurrió con el PP en el Ejecutivo. Su ministro de Trabajo, Javier
Arenas, anunció en 1996 que el proyecto para crear el fondo se
aprobaría en “un mes”.