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#vaeo #leysinde #acta #manifiesto #sgae #nolesvotes #15M #20N

Este es el comentario que deje en el blog de +Ricardo Galli

Has llegado a la misma conclusión que nosotros!

http://twitter.com/#!/partido_pirata/status/109796793721688064

Salvo que en las Listas de PIRATA nos estamos planteando que lo que han hecho podría ser considerado como “traición” o conspiración en contra de los intereses de España.

Pocos saben las consecuencias de figurar en estas listas, hay un manual del USTR, lo tengo, destinado a los empresarios americanos que les explica como tratar con los Países que figuren en una de sus Listas negras, si hay varias de ellas, por ejemplo el USTR amenazo a Costa Rica de un embargo TOTAL de sus exportaciones de cañas de azúcar sino hacían una ley tipo SINDE. Hay que recordar también que Costa Rica es el primer país Sur Americano en incluir el derecho a Internet en su Constitución.

Bueno…esta claro que con España no podían amenazarnos con semejantes burradas, pero si con cosas que no llaman tanto la atencion, minucias como aranceles que tenian que haber desaparecido y no han sido eliminados, tramites en Aduanas que en vez de acortarse se alargan, EEUU tiene miles de ideas de como hacernos daño de manera sigilosa.

Entonces yo me pregunto…que daño a nuestra balanza comercial con EEUU esta inclusion ha echo? Que agravio ha supuesto para las empresas exportadoras españolas medidas que han podido mermar su competitividad frente otras empresas competidoras de paises favorecidos? Como es que unos empresarios se arrogan el derecho, para defender sus egoistas intereses, de pedir que España figure en la lista? Que daño ha provocado a la imagen de España ser señalado como el pais mas Pirata?

Y al final como un Gobierno puede tolerar que sus empresarios actuen asi? En EEUU pasa lo mismo y esos empresarios estan en el banco de acusados por “Traicion y conspiracion contra los intereses del Estado”.

Pero aqui no! sacan una ley que servira en supuestamente proteger los intereses de estos empresarios. Tu sabes, y nosotros tambien, que no va a ser asi que es una ley que nace inutil. Es decir que el daño echo ademas habra sido INUTIL!

Nosotros vamos a consultar abogados, ya sabes quienes son :) , pero tendrias que comentarlo con Carlos tambien y ver si esos empresarios pueden haber cometido un delito contra los intereses de España y de su Ciudadania.

Salud!

Francisco George @paco229
Vocal de la Junta Directiva de PIRATA España @partido_pirata

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Los patriotas de la industria musical
De patriota debo tener muy poco, la supervivencia del cine o la música española no está entre mis prioridades. Que yo dejase de ser español para ser "balear", o catalán… que los vascos o cat…

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- MANIFIESTO POR UNA ECONOMÍA VERDE es un documento que explora fórmulas económicas alternativas a la globalización en el marco de mercados locales. Estas alternativas constituyen al mismo tiempo medios activos de regeneración del entorno natural y no meramente conservacionistas.

Manifiesto

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- Ahora, por primera vez, disponemos de medios que nos permiten la democracia plena. La sociedad civil del siglo XXI somos la más preparada que ha existido. Sin embargo, vivimos en una falsa democracia; imperfecta, asimétrica, corruptible, sujeta a intereses ilegítimos y que no nos representa. Es tiempo de una profunda regeneración democrática.
Las personas, grupos, asociaciones y partidos que suscribimos el presente manifiesto queremos que se devuelva al ciudadano el lugar decisivo en la elección y el control de las decisiones que nos afectan, comprometiéndonos a llevar a cabo, dentro de cada ámbito de actuación:
- La participación ciudadana directa en la toma de decisiones de los órganos de gobierno en los niveles local, provincial, autonómico y estatal.
- La participación ciudadana directa en la propuesta y aprobación de normas jurídicas en los niveles local, provincial, autonómico y estatal.
- Introducir mecanismos para el control y supervisión ciudadanos sobre la actividad del poder ejecutivo y legislativo.
- Transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública, mediante el libre acceso a las cuentas y procedimientos públicos.
- Promover la independencia del poder Judicial.
- Defender que el interés general prevalezca sobre intereses de grupos de presión en los asuntos que involucren al poder ejecutivo, legislativo y judicial.
Condenamos el uso de la violencia y promulgamos el uso del diálogo para la consecución de objetivos políticos.
Si crees que el futuro nos pertenece, que deberíamos tener control sobre él, que otra sociedad mejor es posible, hagamos historia. Hagamos nuestra la democracia.
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- Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático, en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.

2 – Genera para Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.

3 – Establece un procedimiento punitivo ‘a la carta’ para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la Red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.

4 – Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda la ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El Gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía.

Además la normativa introducirá el concepto de ‘lucro indirecto’, es decir: a mí me pueden cerrrar el blog porque ‘promociono’ a uno que ‘promociona’ a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos.

5 – Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.

6 – De acuerdo con las declaraciones de la ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan, ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar a la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.

7 – Finalmente consideramos que la propuesta del Gobierno no sólo es un despilfarro de recursos, sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del Ejecutivo de entender los tiempos y motores de la era digital.

La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.

La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fue aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ‘ley Corcuera’ (o ‘ley de patada en la puerta’).

El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del Gobierno.

Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido Red SOStenible, una plataforma representativa de todos los sectores de la sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.

En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.

En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgente la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:

1 – Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 ‘Demandas legales‘, párrafo B. ‘Estímulo de la creatividad y la innovación’, de la Carta);

2 – La sociedad necesita para su desarrollo de una Red abierta y libre (referencia punto 2 ‘Demandas legales‘, párrafo D ‘Acceso a las infraestructuras tecnológicas’, de la Carta);

3 – El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciados y no limitados como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 ‘Demandas legales‘, párrafo A ‘Derechos en un contexto digital, de la Carta);

4 – La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 ‘Demandas legales‘, párrafo C ‘Conocimiento común y dominio público’, de la Carta);

5 -Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 ‘Demandas legales‘, párrafo B. ‘Estímulo de la creatividad y la innovación’, de la Carta).

Por todo ello, hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.

Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).

La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.

Firmado
Red SOStenible

http://Red-SOStenible.net

La Red Sostenible somos todos. Si quieres adherirte a este texto, cópialo, bloguéalo, difúndelo.

- Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. NI UN CIERRE SIN SENTENCIA. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

NOTA: Este manifiesto fue redactado de forma conjunta por periodistas, bloggers e internautas, en una larga sesión de debates (on line, por supuesto) durante la tarde-noche de ayer. Si estás de acuerdo , difúndelo en tu blog, tu web, en redes sociales y por todas las vías que puedas.